Ley 32069: guía práctica para obras públicas (2026)

Desde el 22 de abril de 2025, toda obra pública que contrata el Estado peruano se rige por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento (Decreto Supremo 009-2025-EF). La nueva ley reemplazó a la Ley 30225 y cambió el lenguaje, los actores y varias reglas que contratistas, consultores y entidades aplicaban por costumbre.

Esta guía resume, con enfoque práctico, lo que cambia para quien prepara, licita, ejecuta o supervisa una obra. Incluye las modificaciones posteriores al Reglamento, como el Decreto Supremo 001-2026-EF, vigente desde enero de 2026.

No reemplaza la lectura del texto oficial: los montos, plazos y porcentajes deben verificarse siempre en la versión vigente de la norma y en las bases del procedimiento.

Marco normativo vigente

La contratación de obras descansa hoy en una ley, un reglamento varias veces modificado y un conjunto de directivas y bases estándar. Conviene trabajar siempre con la versión consolidada que publica el OECE.

Norma	Qué regula	Fecha clave
Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas	Reglas generales, actores, garantías, adicionales, controversias	Publicada el 24 de junio de 2024; vigente desde el 22 de abril de 2025
Reglamento, Decreto Supremo 009-2025-EF	Procedimientos de selección y un título propio para obras y consultoría de obras	Publicado el 22 de enero de 2025
Decreto Supremo 001-2026-EF	Modifica 123 artículos del Reglamento	Publicado el 8 de enero de 2026; vigente desde la publicación de la RD 0001-2026-EF/54.01 (13 de enero de 2026)
Ley 32732	Ajusta la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley (prevalencia de las normas de contratación)	Publicada el 19 de julio de 2026
Decreto Supremo 222-2026-EF	Plazo para la implementación progresiva de la certificación de compradores públicos	Publicado el 21 de octubre de 2026
Directiva de bases estándar (RD 0015-2025-EF/54.01, modificada por RD 0001-2026-EF/54.01)	Bases obligatorias para licitaciones de obras	Versión vigente desde el 13 de enero de 2026

Los actores también cambiaron. El OSCE pasó a llamarse Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), y la Dirección General de Abastecimiento del MEF emite las bases estándar. Todo el ciclo se registra en la Pladicop, la plataforma que integra el SEACE, el RNP y otros sistemas.

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Sistema de Contratación a Suma Alzada

Los procedimientos convocados antes del 22 de abril de 2025 siguen rigiéndose por la norma vigente al momento de su convocatoria.

Lo que cambia para las obras frente a la Ley 30225

El cambio de fondo es el enfoque de «valor por dinero»: la entidad debe elegir la oferta que mejor asegura la finalidad pública considerando calidad, sostenibilidad, costos y plazos, no solo el menor precio. En obras, eso se traduce en nuevas herramientas contractuales.

Tema	Antes (Ley 30225)	Ahora (Ley 32069 y Reglamento)
Organismo rector	OSCE	OECE, dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento
Sistemas de entrega	Concurso oferta y llave en mano	Solo construcción; diseño y construcción; diseño y construcción por agencia; entrega integrada o alianza (art. 158.1, según DS 001-2026-EF)
Contratos internacionales	Uso limitado a regímenes especiales	Contratos estandarizados de ingeniería y construcción (tipo NEC o FIDIC) seleccionados por el área usuaria según complejidad y riesgos
Segmentación	No existía	Obras básicas o avanzadas, según innovación, complejidad y experiencia previa de la entidad
Incentivos	No previstos	Gastos generales variables por culminación anticipada, bono por excelencia ambiental y de seguridad, incentivo por respuesta rápida de la supervisión
Metodología BIM	Progresiva y voluntaria	Exigida durante la ejecución, según el Reglamento
Garantías	Carta fianza y póliza de caución	Se suman el fideicomiso (adelantos y fiel cumplimiento) y la retención de pago
Adicionales de obra	Contraloría por encima del 15%	Hasta 15%, gestión administrativa; de 15% a 30%, titular de la entidad; de 30% a 50%, Contraloría (art. 64)
Controversias	Conciliación, JRD y arbitraje	Conciliación, JPRD obligatoria en obras de S/ 10 millones o más, y arbitraje solo ante instituciones inscritas en el REGAJU
Terminación anticipada	Solo resolución por incumplimiento o caso fortuito	Cláusula de terminación anticipada en contratos por componentes o hitos, sin culpa de las partes

También se reconoce la figura de la oferta anormalmente baja: la entidad puede rechazarla si, tras pedir su detalle, hay razones objetivas para prever un incumplimiento (art. 132.5).

Actuaciones preparatorias: dónde se gana o se pierde una obra

El proceso de contratación tiene tres fases: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual (art. 45 de la Ley). En obras, la mayoría de controversias posteriores nacen de un expediente técnico deficiente o de riesgos mal asignados en esta primera fase.

La secuencia típica para una obra es:

Plan Anual de Contrataciones (PAC). La obra debe estar programada antes de convocarse.
Segmentación. La entidad clasifica la obra como básica o avanzada según su complejidad, grado de innovación y experiencia previa. En obras avanzadas es obligatorio planificar de forma integral la gestión de riesgos (art. 156 del Reglamento).
Requerimiento del área usuaria. En el sistema de solo construcción se requiere el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno. En diseño y construcción, el contratista elabora el expediente técnico y ejecuta la obra (art. 158).
Estrategia de contratación. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) define el sistema de entrega, el procedimiento, el modelo de contrato y la asignación de riesgos, usando el formato aprobado por la RD 0018-2025-EF/54.01.
Interacción con el mercado y cuantía. Se consulta a proveedores para validar precios, plazos y requisitos, y se fija la cuantía de la contratación.
Designación de evaluadores y expediente de contratación. Se aprueba el expediente con la certificación presupuestal.
Bases. Se usan obligatoriamente las bases estándar vigentes; el comprador o los evaluadores pueden ajustar los factores de evaluación opcionales dentro de sus reglas (art. 55.2).

Para el contratista, esta fase no es ajena: la interacción con el mercado y la etapa de consultas y observaciones son las oportunidades para corregir requisitos desproporcionados o errores del expediente antes de ofertar.

Procedimientos de selección para obras

Las obras se contratan por licitación pública (art. 54.1 de la Ley), en alguna de sus variantes, salvo los contratos menores y los supuestos de contratación directa. La variante depende de la cuantía y de la complejidad de la obra.

Procedimiento	Precalificación	Cuándo se usa
Licitación pública de obras	Sin o con precalificación	Obras en solo construcción o diseño y construcción por encima del tope de la modalidad abreviada
Licitación pública abreviada de obras	Sin precalificación	Cuantía dentro del tope abreviado, rehabilitación o reconstrucción tras emergencias, o segunda convocatoria de una licitación de obras
Licitación pública de obras con negociación	Con precalificación	Obras complejas en las que conviene negociar la oferta
Licitación pública con diálogo competitivo	Con precalificación	Cuando la entidad necesita construir la solución técnica junto con los postores
Contratación directa	No competitivo	Supuestos tasados (emergencia, desabastecimiento, entre otros), debidamente sustentados
Contrato menor	Sin procedimiento	Hasta 8 UIT (S/ 44 000 en 2026)

Topes 2026. Según los montos fijados con la Ley 32513 de Presupuesto 2026 y una UIT de S/ 5 500, la licitación pública de obras aplica desde S/ 5 000 000 y la abreviada entre S/ 44 000 y S/ 5 000 000 (PeruContrata). Confirme el tope en la Ley de Presupuesto del año de convocatoria.

Evaluación. Las bases estándar fijan factores obligatorios y opcionales. Con el DS 001-2026-EF, la DEC puede enviar el proyecto de bases a los evaluadores para revisar los factores antes de convocar.

Ofertas bajas. Si la oferta está por debajo de la cuantía, la entidad puede pedir su estructura detallada y rechazarla si hay razones objetivas para prever un incumplimiento.

Apelaciones. Solo pueden apelar quienes fueron participantes o postores; las demás se rechazan en la admisibilidad (art. 307). Las MYPE pagan una garantía de apelación del 0,5% del valor impugnado, con tope de 25 UIT.

Garantías, firma del contrato y adelantos

En obras la garantía de fiel cumplimiento es siempre obligatoria y equivale al 10% del monto del contrato original (art. 113 del Reglamento). Las excepciones del artículo 139 solo alcanzan a bienes, servicios y consultoría en general, no a obras ni a consultoría de obras (Opinión D000114-2026-OECE-DTN).

Instrumentos de garantía (art. 61.2 de la Ley).

Carta fianza financiera.
Contrato de seguro (póliza).
Fideicomiso, para adelantos y para fiel cumplimiento; su patrimonio no puede ser inferior al 10% del monto del contrato original (Opinión D000099-2026).
Retención de pago, cuando el Reglamento la permite.

Perfeccionamiento del contrato. Cuando se exige garantía de fiel cumplimiento, el ganador tiene ocho días hábiles para presentar los requisitos de firma. Entre ellos debe indicar la institución arbitral y el centro de JPRD elegidos de la lista propuesta por la entidad, o proponer tres alternativas (art. 88.1, según DS 001-2026-EF).

Adelantos en obras. La Ley prevé el adelanto directo, el adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario, y el nuevo adelanto por avance. Puntos prácticos:

El adelanto directo se solicita dentro de los diez días del artículo 179.1, que el OECE computa en días calendario (Opinión D000003-2026).
Si se garantiza con fideicomiso, la entidad tiene veinte días hábiles desde la solicitud para constituirlo.
Cada adelanto exige garantía por idéntico monto, vigente hasta su amortización total (art. 113.3).
El adelanto directo se amortiza con descuentos proporcionales en cada valorización (art. 180).
En diseño y construcción, la ejecución física debe iniciar como máximo veinte días calendario después de aprobado el expediente técnico.

Los porcentajes máximos de cada adelanto se fijan en el Reglamento y las bases; revíselos antes de proyectar el flujo de caja de la obra.

Ejecución de la obra: plazos, pagos y modificaciones

Durante la ejecución los plazos se cuentan en días calendario, salvo que el Reglamento diga otra cosa (art. 105.3). Esta es la regla que más errores provoca al migrar desde la Ley 30225.

Valorizaciones y pagos

La entidad evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que se presenta (art. 210.3). Si hay observaciones, igual debe pagar la parte no observada.
Los reajustes pueden cobrarse en cada valorización o en la liquidación.
Las penalidades pueden descontarse de las valorizaciones o de la liquidación, con sustento claro.

Ampliaciones de plazo

Causales (art. 198). Atrasos o paralizaciones no atribuibles al contratista, entre otras previstas en el Reglamento.
Plazo para pedirla (art. 200). No más de diez días hábiles desde el hecho generador del atraso o paralización. Hay que identificar los motivos y los días solicitados.
Efectos económicos (art. 201). La ampliación da lugar a los conceptos vinculados al periodo que la originó, como mayores gastos generales debidamente acreditados.
Suspensión (art. 202). Las partes pueden suspender el plazo cuando un evento impide continuar la obra.

Sin ampliación aprobada, el retraso se presume injustificado: le toca al contratista acreditar que el mayor tiempo no le es imputable (art. 120.4).

Penalidades

La penalidad por mora se aplica automáticamente ante un retraso injustificado (art. 120). La fórmula diaria es:

Penalidad diaria = 0,10 × Monto vigente F × Plazo vigente en días

F vale 0,40 para plazos de hasta 60 días y 0,25 para plazos mayores. La novedad es que la suma de penalidad por mora y otras penalidades no puede exceder el 10% del monto vigente (art. 119.2); antes cada tipo tenía su propio tope de 10%. La supervisión no aplica penalidades: es potestad de la entidad.

Prestaciones adicionales

Monto acumulado (neto de deductivos vinculados)	Quién aprueba
Hasta 15% del contrato original	Autoridad de la gestión administrativa
Más de 15% y hasta 30%	Titular de la entidad, con recursos disponibles
Más de 30% y hasta 50%	Contraloría General, de forma previa

En solo construcción, el tope ordinario es 15% neto de deductivos (art. 64.2 de la Ley) y el procedimiento está en el artículo 194: la supervisión se pronuncia sobre el expediente del adicional en un máximo de diez días. Si el adicional deriva de deficiencias del expediente técnico, la entidad debe informarlo al Tribunal y a la Contraloría. En contrataciones directas por emergencia o desabastecimiento no proceden adicionales, salvo que el objeto sea ejecutar una obra de emergencia.

Liquidación

El procedimiento de liquidación está en el artículo 215 del Reglamento. Una vez consentida o firme, la entidad tiene diez días hábiles para pagar el saldo (art. 67.3 de la Ley), y el retraso puede generar intereses.

Solución de controversias: conciliación, JPRD y arbitraje

La Ley 32069 apuesta por prevenir las disputas durante la obra y por concentrar el arbitraje en instituciones acreditadas por el OECE. Para el contratista, elegir bien la institución al firmar el contrato es ahora una decisión estratégica.

Conciliación. Se amplía a daños y perjuicios, prestaciones accesorias, vicios ocultos y obligaciones posteriores a la culminación.

Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).

Obligatoria en contratos de obra de S/ 10 000 000 o más (art. 346.1 del Reglamento).
Según el texto original del Reglamento, no procede en contratos menores a S/ 5 000 000; entre ambos montos su uso depende de la estrategia de contratación.
La administra un centro inscrito en el REGAJU; si las partes no acuerdan el adjudicador, lo designa el centro.
El procedimiento se complementa con la Directiva de JPRD del OECE.

Arbitraje.

Solo pueden administrarlo instituciones inscritas en el REGAJU, el registro constitutivo del OECE (art. 77 de la Ley).
La entidad propone tres instituciones en las bases. El ganador elige una o propone otras tres; si no hay acuerdo, se arma una lista de seis y se sortea en la Pladicop (DS 001-2026-EF).
Si la institución pactada no está inscrita cuando surge la controversia, el arbitraje se inicia ante cualquier institución con inscripción vigente (Opinión D000024-2026).
Para administrar arbitrajes de gran envergadura, la institución debe haber tramitado más de cincuenta procesos.
El arbitraje internacional se reserva a contratistas extranjeros no domiciliados en contratos de más de 20 000 UIT.

Medidas cautelares. El contratista que pide una medida cautelar debe ofrecer una contracautela no menor a la garantía de fiel cumplimiento. La caución juratoria solo se admite en contratos de hasta 200 UIT y con MYPE.

Checklist práctico

Para contratistas y consultores de obra

Mantener vigente la inscripción en el RNP y actualizada la experiencia de obras.
Revisar en la convocatoria el sistema de entrega, la segmentación y la matriz de riesgos.
Usar la etapa de consultas y observaciones para corregir requisitos o errores del expediente técnico.
Firmar la promesa de consorcio con firma digital (art. 69.1).
Preparar la garantía de fiel cumplimiento (10%) y elegir la institución arbitral y el centro de JPRD antes de los ocho días hábiles para firmar.
Solicitar el adelanto directo dentro de los diez días calendario del artículo 179.1.
Anotar todo hecho que afecte la ruta crítica y pedir la ampliación dentro de los diez días hábiles del hecho generador.
Llevar control propio de penalidades, considerando el tope conjunto de 10%.

Para entidades

Programar la obra en el PAC y segmentarla antes de convocar.
Contar con expediente técnico aprobado y disponibilidad física del terreno en solo construcción.
Documentar la estrategia de contratación y la asignación de riesgos con el formato oficial.
Usar las bases estándar vigentes (RD 0001-2026-EF/54.01) y proponer tres instituciones arbitrales inscritas en el REGAJU.
Pagar las valorizaciones dentro del mes de presentación.
Pronunciarse en plazo sobre ampliaciones y adicionales para evitar controversias y mayores costos.

Errores frecuentes

Contar en días hábiles plazos de ejecución que se computan en días calendario.
Pactar una institución arbitral que no figura en el REGAJU.
Aplicar a contratos firmados con la Ley 30225 figuras nuevas, como el adelanto por avance, que no les corresponden.
Asumir que existe excepción a la garantía de fiel cumplimiento en obras o consultoría de obras.

Conclusión

La Ley 32069 no es un simple cambio de numeración: traslada el peso de la obra pública a la planificación, la gestión de riesgos y la prevención de disputas. Quien domine la estrategia de contratación, los plazos en días calendario, el tope conjunto de penalidades y el REGAJU tendrá menos sorpresas en la ejecución.

La norma sigue en movimiento: en 2026 ya se modificó el Reglamento dos veces y el Congreso discute nuevas reformas, como la ficha pública de ejecución contractual. Antes de cada convocatoria, revise el compendio actualizado del OECE y las opiniones recientes de su Dirección Técnico Normativa.

Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.

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